FSC-CCOO Castilla y León | 27 abril 2024.

2021-12-23

La FSC-CCOO de Castilla y León ante la ley de reducción de la temporalidad en el sector público

    En breve, tras haber pasado por el oportuno trámite parlamentario, verá la luz la denominada “ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público”.

    23/12/2021.
    CCOO-CyL.

    CCOO-CyL.

    La tramitación de esta ley tiene su origen en el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, cuyo contenido respondía a un Acuerdo negociado con los tres sindicatos más representativos en las Administraciones Públicas: CCOO, UGT y CSIF. Este Acuerdo tenía por objetivo la reducción de la temporalidad del conjunto del sector público por debajo del 8%, una ratio que a día de hoy sólo cumple la Administración general del Estado, pero no otros ámbitos territoriales. Esta cifra responde a un compromiso adquirido por el Gobierno de España con la Unión europea, dentro de las reformas contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que también supone cumplir con las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo y del Tribunal Supremo.

    La tramitación parlamentaria ha respetado, con algunos matices, el grueso del contenido del mencionado Acuerdo, que apostaba por una solución ponderada del grave problema existente, teniendo en cuenta las expectativas y cautelas de los distintos colectivos afectados y la necesidad cierta y urgente de reducir la temporalidad y cumplir con las exigencias europeas, y ajustándose al marco legal y jurisprudencial ya existente y evitando así un riesgo, nunca deseado, de judicialización de los distintos procesos.

    No obstante, se han hecho incorporaciones que entendemos que pueden poner en cuestión la seguridad jurídica de la norma, de forma que la implementación deberá ser especialmente cuidadosa en orden al respeto del principio de igualdad definido por la jurisprudencia.

    Una vez publicada la norma, la FSC-CCOO de Castilla y León insistirá en la necesidad de abrir la totalidad de mesas de negociación con el objetivo de reducir esa temporalidad, estabilizar las plazas, de forma que las RPTs sean las adecuadas para la prestación de unos servicios públicos de calidad, y de garantizar el derecho a la movilidad, la promoción interna y la puesta en marcha de la cualificación y la carrera profesional del conjunto de empleados y empleadas públicos. Asimismo continuará con las movilizaciones, en orden a recuperar todos aquellos derechos arrebatados, como la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y la jornada de 35 horas, la jubilación parcial, la aprobación de los planes de igualdad y protocolos de acoso sexual y por razón de sexo, la mejora de los haberes reguladores de clases pasivas y la eliminación de la tasa de reposición en las ofertas públicas de empleo y el necesario rejuvenecimiento de las plantillas.

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